El Pleno ordinario del Ayuntamiento de Valladolid, reunido el lunes 28 de septiembre de 2026, respaldó y aprobó la moción presentada por el Grupo Municipal Popular en apoyo a las familias beneficiarias de la prestación por Cuidado de Menores Afectados por Cáncer u otra Enfermedad Grave (CUME). La iniciativa insta de manera urgente al Gobierno central a acometer las reformas legales necesarias para establecer una prórroga excepcional de la prestación y del permiso laboral más allá de los 26 años en aquellos casos donde persistan una discapacidad igual o superior al 65 % o la gran dependencia (grado III), junto a la necesidad acreditada de cuidados directos, continuos e intensos en el hogar. El Grupo Popular promovió esta iniciativa para impedir que las familias vallisoletanas sufran un desamparo sobrevenido cuando sus hijos alcancen el límite etario actual, dado que cumplir años no extingue la gravedad de las patologías ni la dedicación que precisan.
Protección sin fecha de caducidad
La prestación económica CUME constituye un pilar esencial del sistema de protección social. Este subsidio compensa la pérdida de ingresos que asumen los progenitores cuando reducen de forma drástica su jornada laboral para atender de manera permanente a hijos con patologías de extrema gravedad. En la actualidad, el marco normativo extingue la ayuda a los 23 años con carácter general, o a los 26 años si la persona beneficiaria acreditó un grado de discapacidad igual o superior al 65 % antes de alcanzar los 23.
Sin embargo, tal y como expone el texto de la moción, cumplir una edad no significa que desaparezcan la enfermedad grave, la discapacidad, la gran dependencia ni la necesidad de cuidados diarios. Durante el año 2026, el Senado incorporó mejoras sustanciales al Proyecto de Ley de modificación de las leyes de discapacidad y dependencia, entre las que destacaba la prórroga excepcional más allá de los 26 años (recogida en la enmienda transaccional con registro 90.682), la adaptación del subsidio a la hospitalización domiciliaria, la corresponsabilidad y la revisión de expedientes extinguidos exclusivamente por edad. No obstante, la moción detalla que el pasado 16 de septiembre de 2026 la Mesa del Congreso excluyó del debate plenario esta prórroga tras la disconformidad presupuestaria manifestada por el Ejecutivo central.
Frente a este bloqueo, los acuerdos aprobados en Valladolid reclaman al Gobierno de la Nación:
- Habilitar la prórroga excepcional más allá de los 26 años mientras persistan la convivencia y los cuidados intensivos.
- Adaptar la cobertura a la hospitalización domiciliaria y a la atención ambulatoria especializada.
- Establecer criterios comunes, públicos y homogéneos de concesión y renovación en todas las mutuas colaboradoras.
- Revisar los casos de aquellas familias que perdieron el derecho únicamente por rebasar la edad máxima.
- Mantener un diálogo permanente y vinculante con las entidades del Tercer Sector, asociaciones de pacientes y profesionales.
247 familias
El concejal de Personas Mayores, Familia y Servicios Sociales del Grupo Municipal Popular, Rodrigo Nieto García, desgranó durante el debate plenario el impacto directo que esta medida tiene sobre la realidad social del municipio. En Valladolid existen actualmente 247 familias y 247 procesos CUME en vigor, cuyos progenitores dependen de esta cobertura para sostener el cuidado diario de sus hijos en el entorno familiar.
Nieto aportó las estimaciones de impacto económico remitidas por el propio Gobierno de España para justificar la absoluta viabilidad de la prórroga. El coste global de ampliar la protección a nivel estatal ascendería a 2,36 millones de euros en 2027 y a un acumulado de 12,62 millones de euros para 2031, con un coste medio por unidad familiar de 17.000 euros anuales. Estas cifras revelan que atender la demanda histórica de las familias supondría únicamente el 0,66 % del presupuesto total actual de la prestación CUME. El Grupo Popular defendió que se trata de un esfuerzo presupuestario perfectamente asumible que evita condenar a estas familias a la exclusión laboral o al ingreso residencial prematuro e involuntario de los jóvenes.
Una causa de humanidad
Durante sus intervenciones ante la corporación municipal, el concejal del Grupo Popular agradeció expresamente la presencia en el salón de plenos de los representantes de las asociaciones y de las familias cuidadoras. Rodrigo Nieto definió la iniciativa como una causa indiscutible: «Son cuestiones de justicia y de humanidad».
El edil del Grupo Municipal Popular replicó a las formaciones de la oposición que cuestionaron la oportunidad del debate institucional, señalando que los colectivos necesitan un respaldo claro desde los ayuntamientos: «Más lío no, más presión sí, porque las familias no han sido escuchadas por parte del Gobierno de España». Asimismo, Nieto contrapuso los compromisos expresados públicamente por el presidente del Gobierno en junio de 2026 —cuando defendió la construcción de un sistema «más humano y justo» sin «dejar a nadie atrás»— con el veto gubernamental registrado en el Congreso en septiembre, reprochando que, a la hora de plasmar las medidas en el Boletín Oficial del Estado, el Ejecutivo central ha dado la espalda a estas familias.
El Ayuntamiento de Valladolid dará traslado formal de estos acuerdos plenarios a la Presidencia del Gobierno de España, al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, al Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, así como a las Mesas del Congreso de los Diputados y del Senado.